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El escenario político previo a las elecciones generales del 2026 en Perú se muestra tenso y fragmentado, con más de 50 fuerzas políticas compitiendo por el poder. Las vacancias, la disolución del Congreso y la muerte de ciudadanos en protestas han llevado a un estado de confrontación donde se prioriza incapacitar al enemigo en lugar de construir un proyecto político. Los políticos regionales buscan apoyo de los partidos políticos para asegurar un lugar en las listas, mientras que los opositores del Gobierno llaman a la insurgencia popular y los perdedores de las últimas elecciones buscan posicionarse como alternativas de mano dura.

Se vislumbra un escenario de elecciones extremadamente fragmentadas en el 2026, con partidos organizados obteniendo cuotas de poder desproporcionadas. Se espera que el próximo presidente sea débil, con una bancada endeble más preocupada por la supervivencia que por su programa de gobierno. La lucha por controlar las instituciones clave, como el Ministerio Público, la ONPE y el JNE, se intensifica, mostrando una dinámica política disfuncional y penetrada por el crimen organizado y políticos patrimonialistas.