Impunidad en aumento

El debate en torno a la ley 32107, que restringe la aplicación de la lesa humanidad para casos anteriores a julio de 2002, generó una serie de excusas por parte del fujimorismo y fue respaldado por ex militares congresistas. A pesar de argumentar que se trataba de justicia y no impunidad, fiscales advirtieron que la ley afectaría procesos en curso y favorecería a violadores de derechos humanos, con más de 600 casos y 550 víctimas impactadas por la norma.

A pesar de las advertencias de organismos nacionales e internacionales sobre la impunidad que promueve la ley, el Congreso y el Gobierno promulgaron la norma, cuestionada por otorgar una amnistía encubierta a violadores y acusados de crímenes execrables. Incluso ya se están solicitando la aplicación de la ley por parte de autores de casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos en el Perú.