Desafío judicial y fiscal por casos de Keiko, Cerrón y Boluarte.

El sistema de justicia está enfrentando un ataque que podría afectar los procesos emblemáticos, incrementando la inseguridad ciudadana y la desconfianza en las instituciones involucradas en la lucha contra la corrupción y la delincuencia. La Ley Soto N° 31751 y la Ley 32108 redefinen el concepto de crimen organizado y podrían impactar en casos como los de Keiko Fujimori, Waldemar y Vladimir Cerrón, Nicanor Boluarte, José Luna y Patricia Benavides. La falta de jurisprudencia en investigaciones de crimen organizado y corrupción política también está generando preocupación en la comunidad.

Además, la aplicación de la ley 32108 en casos como el de “Los Waykis en la Sombra” está generando controversia y podría ser un obstáculo para el desarrollo de las funciones de los fiscales. La inaplicación de leyes y la falta de control difuso podrían generar arbitrariedades judiciales, afectando la independencia del sistema judicial y la confianza de la sociedad en la justicia.