Familiares de víctimas de masacre en Huanta exigen respeto al Gobierno.
En 1984, miembros de la Marina de Guerra del Perú asesinaron a seis jóvenes en la Iglesia Presbiteriana de Callqui, y un día después, el corresponsal Jaime Ayala desapareció. Cuatro décadas después, las familias aún buscan justicia y temen que se apruebe una ley de impunidad en Perú. La ley busca prescribir delitos de lesa humanidad anteriores a 2002, lo que afectaría casos como el de Huanta, donde se pide justicia por los asesinatos y la desaparición de Ayala.
La Junta de Fiscales Supremos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han mostrado su rechazo a la ley, pero el Congreso la aprobó. Las familias exigen justicia y denuncian que se está intentando desactivar el sistema de derechos humanos en el país. En el juicio en curso por el caso Huanta, se pide 25 años de prisión para altos mandos de la Marina implicados en los crímenes.