Se busca acabar con los trucos legales en las contrataciones públicas.

La Ley General de Contrataciones Públicas, Ley 32069, ha sido promulgada y los involucrados se preparan para adaptarse a este nuevo marco jurídico en la adquisición de bienes, obras y servicios en el aparato estatal. Aunque se esperaba más de esta nueva norma, que derogaba una ley anterior de 10 años atrás, se destacan avances como la regulación de medidas cautelares maliciosas por parte de proveedores y la incorporación del principio rector de “Causalidad”. Estas medidas buscan mejorar la calidad de vida de los peruanos y combatir la impunidad en las compras y servicios de la administración pública.